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Artículo incluido en la edición Volumen IV :: No.1 :: 2008

JURADO


Es conocida la fórmula consagrada: “El jurado se retira para deliberar”. Hay jurados que estudian las cuestiones criminales, otros deciden la atribución de diplomas. Se citan aquí apenas dos tipos de jurados de entre muchos otros, para subrayar que estas asambleas participan en funciones absolutamente esenciales de la organización de nuestras sociedades. Para eso, se aíslan durante un momento más o menos largo. Pero la expresión es engañosa: el aislamiento del jurado no es una ruptura de contacto con la sociedad. Él visa, por el contrario, favorecer la expresión más nítida de las voces divergentes y la confrontación de puntos de vista que pueden existir en la sociedad. Para no ceder al argumento de autoridad de un sólo individuo o de un grupo, es necesario poder hablar, argumentar al amparo de las influencias directas. El jurado debe también resistir a las derivaciones que transcurren de orden institucional. Nemeth recuerda que los jurados de tribunales, que son tan importantes en la sociedad americana contemporánea, se constituyeron inicialmente contra las decisiones profundamente impopulares de la corona británica, antes de la guerra de la independencia. El jurado representa el pueblo. Es necesario hablar y también interpretar los hechos que se traen al conocimiento de la pequeña asamblea. El lenguaje y la justicia están profundamente relacionadas cuando se trata de poner un poco de orden en los asuntos humanos. En los años 1970, los fundadores de la psicología social mostraron que la expresión de los desacuerdos en un jurado constituye una condición esencial al estudio profundizado de las diferentes dimensiones de la decisión a tomar. Reducir la dimensión de un jurado no es una solución para llegar a una mejor evaluación de la situación. Pero, apoyar un punto de vista minoritario que vuelve a dar vigor al debate y constituye finalmente una prueba de calidad en el proceso de toma de decisión. La legitimidad social del jurado está igualmente mejor establecida, si en su seno están presentes las divisiones que existen también en la sociedad. Los miembros del jurado pueden así intentar liberarse de sus preconceptos respectivos, a fin de tomar una decisión cualificada en lo que se refiere a lo “deliberado”. Indiscutiblemente, escriben Moscovici e Doise, dialogar produce buenos resultados, guiando viejos hábitos de pensamiento para nuevos canales”. Precisemos esta última idea por el recorrido a algunos elementos de historia. La palabra jurado no tiene solamente una fuente judicial, tiene una fuente importante en los medios profesionales. Con efecto, en el siglo XII, es “jurado” (zyre) el que prestó juramento, para convertirse en maestre de corporación, tras diversas etapas probatorias. Jurados elegidos administran la corporación, componen un “cuerpo de jurados” que controla la totalidad del proceso de producción en un dado dominio, desde la compra de las materias-primas hasta la comercialización del producto acabado. Para aprehender la mutación profunda que condujo a los jurados contemporáneos, es necesario recordar que las corporaciones asumen un lugar considerable en la organización del oficio, pero también en la iglesia, que ellas financian, y aún en las asambleas locales que prefiguran nuestros municipios. Dios, la política y el trabajo están interconectados, si no confundidos, en el ejercicio del poder de estos jurados. En el siglo XVI, ciertos jurados se habían convertido en verdaderos oligárquicos. El siglo de las luces y la Revolución francesa rechazan esta confusión de autoridades. El juramento debe comprometer cada uno en relación a sus pares, en nombre de la historia compartida por los hombres. Laicizada, la función del jurado se convierte en una responsabilidad colectiva frente al futuro, que cada miembro asume a título personal.Pero este ideal revolucionario deja abierto un inmenso problema en los medios profesionales, como lo realza particularmente el historiador Kaplan. La ley suprime las corporaciones y permite “a cualquier persona hacer tal negocio, ejercer tal profesión, arte u oficio que ella considerará bueno”. Sin embargo, luego las calles de Paris se hacen impracticables y peligrosas, cuando cada uno se autoproclama cochero y conduce los remolques para ganarse su vida y cultivar su libertad individual. A la luz de este pequeño ejemplo, se puede medir la amplitud del problema: no nos improvisamos como profesionales. La legislación revolucionaria abandona partes enteras de la organización de la producción, de la transmisión de conocimientos profesionales. No existe más que “intereses individuales y el interés general de la cosa pública” escribe sin ambigüedad el Chapeleiro, en 1791. En este contexto, la existencia de un jurado constituido con profesionales es una herejía, dado que una simple reunión de compañeros ya es considerada como un freno al libre ejercicio de la ciudadanía. Es en los poderosos antagonismos sociales, ideológicos y científicos del siglo XIX que conviene situar la emergencia de los diplomas profesionales, al mismo tiempo que las nuevas funciones administrativas y las técnicas industriales reconfiguran en profundidad los modos de producción y la organización de la vida en sociedad. En Francia, la tercera república [1] lanza las bases de nuevas e inéditas modalidades de construcción de un sistema nacional que se preocupa con la producción, transmisión y validación de los conocimientos profesionales, tras un siglo en que las iniciativas en la materia son raras y muy limitadas. Las palabras de Durkheim se oponen entonces al ideal individualista de la ley de 1792: “Nada es más falso que este antagonismo que se quiso establecer entre la autoridad de la regla y la libertad del individuo”. Es “la vida colectiva” que puede mantener la regla “más allá de las relaciones efímeras que la encarnan diariamente”, para “constituir un sistema de reglas que hace falta actualmente” y organizar las condiciones “de una conexión a cualquier cosa que supere al individuo” en el dominio del trabajo. La función de jurado profesional empieza entonces una nueva vida, sobre bases completamente nuevas. Al contrario del modelo de las corporaciones que se sofocó en el conformismo endógeno, el jurado establecerá su legitimidad sobre instancias que reúnen las fuerzas heterogéneas de participantes que fueron reunidos para que sus concepciones y sus intereses sean divergentes: los representantes de los medios patronales, de los sindicatos y los responsables del sistema de formación. El jurado no tiene ya el monopolio del oficio, su función está reglamentada dentro del sistema de los diplomas que, tal como el sistema jurídico, se rige por la ley.Brucy, que estudió la historia de la construcción de los diplomas de la enseñanza técnica y profesional en Francia, relata numerosos ejemplos de los desacuerdos que oponen a los protagonistas de la creación del Certificado de Aptitud Profesional, un diploma que atravesó todo el siglo XX. En estas comisiones se interroga sobre la evolución de los empleos, de las técnicas, sobre los conocimientos primordiales, sobre la duración de las formaciones. ¿El diploma debe validar los conocimientos “de los que han terminado sus estudios en una escuela”, o, por el contrario los “que están ocupados en el comercio o en la industria”? Se pretende que el diploma sea lo más cercano posible de un tipo de producción industrial o de una técnica, cuya maestría es indispensable al ejercicio del oficio. Pero si fuese demasiadamente especializado el diploma pierde su valor más allá de la cuenca de empleo o de un único tipo de máquinas. Entre lo local y lo general, ¿donde establecer la norma de referencia? Sobre estas preguntas y también para otras, Brucy escribe que a todos los niveles de la sociedad, de las comisiones locales a las instancias de decisión nacionales, “el examen divide”. Es talvez por eso que él contribuye tanto para hacer sociedad. Con efecto en estas controversias, en el transcurso del tiempo, los protagonistas adoptan “verdaderos principios de acción” que dirigen la elaboración de los diplomas y de las formaciones. Los juristas subrayan también que las reglas de derecho no son independientes unas de otras. Son fundadas sobre una idea profunda, que no puede realmente ser definida, la idea de dignidad humana. Recientemente, en el dominio de los diplomas en Francia, se consideró de la misma forma que los conocimientos adquiridos en formación y los conocimientos desarrollados en el trabajo debían ser validados o no validados a partir de un mismo diploma, aunque no fuesen idénticos, porque deben ser considerados como la misma dignidad. La dignidad no se define de una vez para siempre, ella no es la de un individuo, pero se estabiliza más o menos en un género social. En el trabajo, la dignidad se define en las condiciones reales de ejercicio de un oficio, en los recursos técnicos, en las contradicciones en las cuales los profesionales trabajan. Trabajar, es no solo realizar la producción prevista, pero también definir puntos de vista compartidos sobre el éxito y el fracaso, el bello gesto y la falta de destreza, la acción digna y la indigna. Un ejemplo junta a todos estos niveles, tanto en el plan jurídico como en el de los conocimientos: durante el siglo XX, las nuevas posibilidades técnicas de la medicina cuestionan las fronteras de lo que es posible en materia de procreación, así como en los cuidados a los pacientes en fin de vida. El debate social es relanzado sobre estas conductas sociales: ¿hasta donde se permite ir? ¿Qué prohibir? Las comisiones nacionales que elaboran la ley se interrogan. De la misma forma las que construyen los programas de enseñanza y los referenciales de diplomas deben reconsiderar los conocimientos a transmitir y la formación de los profesionales. Confrontado con las situaciones singulares, el jurado local intenta a su vez reencontrar estos principios generales. Él toma la medida de su caducidad y de sus límites frente a las transformaciones de las técnicas y de los modos de producción que le son presentados aquí y allí. El dilema está en el meollo de la actividad de un jurado, de este punto de vista. El jurado es un “corresponsal local” de las comisiones profesionales consultivas, escribe Werthe. El jurado debe realizar la conexión entre lo singular y lo general. El diálogo de controversia es el medio de esta conexión, cuando cada uno reconsidera su forma de pensar y de actuar y los conceptos generales que regulan la vida en sociedad, el pensamiento individual se convierte en un diálogo entre dos géneros sociales, un punto de desarrollo potencial de la acción y del pensamiento abstracto. Los trabajos recientes en el dominio de los jurados de diplomas profesionales subrayan que la existencia de los jurados consiste en organizar las condiciones de esta doble liberación, por la cual se podría mejor comprender y favorecer las reconversiones profesionales. La ley, así como el conocimiento, encuentra o pierde sus significados en esta actividad de normatividad, según el término de Canguilhem, que subraya por esa vía el trabajo colectivo de renovación de las normas. Es necesario pensar este reto en el contexto de sistemas jurídicos y de sistemas de diplomas implicados en la reconfiguración europea. La estandarización puede convertirse en una normalización asegurada por especialistas, los particularismos culturales pueden convertirse en refugios de identidad. Concientes de estos retos, puede apreciarse la función insustituible de los jurados: cuando las leyes y los conocimientos deben transponer fronteras, más que nunca, es útil organizar lugares de deliberación, donde las discordancias creadoras permiten la emancipación en relación a los pensamientos fijos de todas las órdenes, tanto de los individuos como de las más amplias ideologías. Se prestará al jurista Supiot, esta fórmula determinante para la actividad de los jurados: “El Derecho no es la expresión de una Verdad revelada por Dios o descubrimiento por la Ciencia; no es más que un simple instrumento que podría considerarse a la medida de la eficacia (¿eficaz para quien?). Como los instrumentos de medida de la Melencholia de Dürer, él sirve para aproximar, sin nunca poder alcanzarla, una representación justa del mundo”.

NOTAS

[1] Las dos primeras Repúblicas tuvieron una existencia muy corta: la I República duró doce años, durante la Revolución Francesa (1792-1804), la II República tuvo una duración de cuatro años, de 1848 a 1852. La III República inscribió definitivamente el país en un régimen democrático.


Bernard Prot